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Gobernación del Meta lideró Consejo de Seguridad por amenazas que alteran orden público, en Puerto Rico

Frente a los recientes hechos que han perturbado la tranquilidad en el municipio de Puerto Rico, el Gobierno departamental lideró un Consejo de Seguridad extraordinario junto a la fuerza pública y la alcaldía municipal, con el propósito de articular acciones inmediatas que garanticen la protección de los derechos ciudadanos y el restablecimiento del orden institucional en esta zona del sur del Meta.

La situación de orden público ha sido afectada por la circulación de mensajes de audio enviados vía WhatsApp, presuntamente por integrantes de un grupo armada ilegal que se autodenomina ‘Segunda Marquetalia’. Esta estructura, que ha sido objeto de contundentes acciones por parte de la fuerza pública, como la neutralización de alias “Picotazo”, lo que ha incrementado su intención de generar confusión y temor entre la población civil.

Durante el Consejo de Seguridad, se reiteró a la comunidad que el Gobierno departamental no permitirá que grupos armados al margen de la ley pretendan sembrar una narrativa de control territorial que no existe. En ese sentido, la institucionalidad reafirmó su presencia y compromiso con el bienestar colectivo, convocando a la ciudadanía a confiar en las autoridades y a denunciar cualquier acto delictivo a través de los canales oficiales.

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La secretaria de Gobierno y Seguridad del Meta, Andrea Carolina Lizcano Noguera, fue enfática en su mensaje a los habitantes: “Vamos a trabajar con la comunidad de Puerto Rico, vamos a hacer un trabajo muy social, porque esos puentes entre la institucionalidad y la ciudadanía deben fortalecerse. La comunidad debe tener confianza en la fuerza pública, aquí estamos para protegerlos y acompañarlos”.

En el marco del Consejo de Seguridad, también se realizó una jornada pedagógica para dar a conocer a la comunidad las líneas de atención y denuncia, reconociendo que en muchos casos esta información es desconocida por la población. Asimismo, se socializó el programa de recompensas ofrecido
por la gobernación del Meta, con el fin de incentivar la colaboración ciudadana en la lucha contra el crimen y el terrorismo.